Si se hubieran realizado apuestas sobre qué político mexicano estaba confabulado con los cárteles, el favorito podría haber sido Rubén Rocha Moya.A Rocha, de 76 años, gobernador de Sinaloa, lo han seguido durante mucho tiempo acusaciones de proteger a la organización criminal dominante de su estado, el Cártel de Sinaloa, un prolífico proveedor de fentanilo y despiadado generador de violencia.Esas acusaciones alcanzaron su punto álgido en 2024, cuando las autoridades estadounidenses arrestaron al cofundador del cártel, quien luego dijo que creía que se dirigía a reunirse con Rocha.

Sin embargo, en lugar de investigar, los dirigentes mexicanos se apresuraron a salir en defensa de Rocha. El presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, cerraron filas rápidamente en torno a Rocha en un escenario en Sinaloa. “Vengo a comprometerme, a seguir luchando junto a ustedes”, dijo Sheinbaum.Esa promesa acaba de complicarse mucho más.El miércoles, los fiscales estadounidenses hicieron pública una acusación formal que dio fuerza a los años de señalamientos contra Rocha. En ella se describía un panorama de años de connivencia entre el Cártel de Sinaloa, Rocha y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, en el que los líderes del cártel proveían sobornos y votos a cambio de impunidad.Los cargos detonaron una bomba política en México, han dominado la conversación nacional y han dividido en gran medida al país en dos bandos: los que se alegraron de ver consecuencias por lo que consideraban una corrupción endémica en México y los que se sintieron repugnados por lo que consideraron una intervención ilegal de Estados Unidos.